Preguntas frecuentes

Los abogados civiles son personas especializadas en Derecho Civil. Sus funciones principales hacen referencia a la reclamación de deudas económicas, herencias y sucesiones, responsabilidad civil contractual o extracontractual y conflictos que puedan surgir en el seno de una familia (divorcios, filiación, custodia de menores…). Se encargan de defender los derechos e intereses de las personas físicas o jurídicas.

El Derecho Civil se encarga de regular las cuestiones relativas a los derechos de las personas, su patrimonio, las relaciones personales y de familia y las relaciones entre particulares. Toda la información referente a esta área del derecho está recogida en el Código Civil.

El Derecho Civil es una rama del derecho privado y su finalidad es preservar los intereses patrimoniales y morales del sujeto al que representa. Sus principios regulan, ordenan y facilitan las relaciones sociales.

El Derecho Civil se divide en cuatro grandes ramas:

• Parte general: el derecho subjetivo en general, la nacionalidad, el domicilio y la adquisición y extinción de la personalidad civil.
• Derecho de obligaciones y contratos: responsabilidad contractual y extracontractual, régimen jurídico general y especial de las obligaciones y los contratos.
• Derechos reales: propiedad y posesión, derechos reales de goce, de adquisición preferente y de garantía, y derecho hipotecario.
• Derecho de familia y sucesiones: regulación del matrimonio, relaciones entre los progenitores y los hijos, derecho de alimentos, herencias y distintos modos de suceder.

En términos generales, la responsabilidad extracontractual es aquella que nace de una relación jurídica entre dos personas que no se encuentran previamente unidas por un vínculo contractual o, de existir, que el daño no pueda derivarse del incumplimiento de cláusulas del contrato.

Se trata de un tipo de responsabilidad civil que obliga a reparar el daño y perjuicio causado por culpa o negligencia y en el que la parte afectada debe probar la relación causal entre la acción y los daños sufridos. Algunos de los hechos que la generan pueden ser:

• Accidentes de tráfico.
• Accidentes en locales comerciales.
• Situaciones de peligro o riesgo como daños estructurales a un inmueble causados por una construcción en el terreno lindero o emanaciones.
• Actos que vulneran la libre competencia.
• Daños que sufre un inquilino por deficiencias en el edificio comunitario.

Los derechos y deberes familiares se basan en fomentar el bienestar físico y emocional de los hijos y cada miembro de la familia debe ser consciente de los deberes y responsabilidades que se esperan de él o ella.

• Proporcionar un ambiente y un entorno seguro.
• Satisfacer las necesidades básicas del menor: alimento, sustento, asistencia médica, educación…
• Proporcionar apoyo emocional, psicológico y moral.
• Involucrarse en la educación del niño.
• Enseñar valores y desarrollar el respeto mutuo.
• Transmitir las normas sociales y culturales al menor.

Las responsabilidades de ambos progenitores son iguales a efectos de la ley y ambos están obligados a velar por sus hijos.

Los abogados matrimonialistas son profesionales de derecho cuya función principal es representar y asesorar a las personas que han iniciado un proceso de divorcio o separación.

Deben buscar las soluciones más beneficiosas en función de las necesidades o circunstancias personales de cada pareja o familia. Se encargan de establecer un reparto equitativo y justo de los bienes y propiedades que posee la pareja.

También deben prestar especial atención a las necesidades de los hijos, velando siempre por sus necesidades: custodia, pensión alimenticia, régimen de visitas…

La mediación familiar es un proceso de gestión de conflictos originados en el seno familiar que se lleva a cabo a través de la intervención de una tercera persona, llamada mediador/a. La finalidad de este proceso es llegar a los acuerdos más satisfactorios entre los miembros implicados de la familia para evitar llegar a la instancia judicial.

El mediador ofrece asistencia y orientación a los miembros de la familia, y facilita la comunicación entre las partes implicadas para evitar perjudicar emocionalmente a los miembros más frágiles de la familia, los niños.

El convenio regulador es un documento en el que los cónyuges recogen las condiciones y obligaciones tras una separación o divorcio. Su contenido se pacta de mutuo acuerdo y es de obligado cumplimiento tras la ruptura matrimonial.

Se debe recoger en este documento, como mínimo, las medidas relativas a los siguientes aspectos:

• Custodia de los hijos y régimen de visitas.
• Pensión compensatoria y pensión de alimentos a los hijos.
• Atribución de la vivienda y el ajuar familiar.

El convenio regulador debe ser aprobado por un Juez.

El divorcio implica la disolución del vínculo matrimonial tras una sentencia judicial. En ella se pone fin a la sociedad común de bienes y se determina que cónyuge posee la custodia de los hijos menores, cuánto debe abonarse en concepto de pensión de alimentos y cómo organizar el uso de la vivienda familiar.

Los procedimientos de divorcios se tramitan en un Juzgado y se pueden desarrollar de mutuo acuerdo o de forma contenciosa:

• Divorcio de mutuo acuerdo: ambas partes, asesoradas por un abogado, llegan a un acuerdo dentro del marco legal establecido sobre el convenio regulador que va a regir el divorcio. Ese acuerdo, una vez aceptado por ambas partes, se lleva ante el juez encargado de tramitar el divorcio.
• Divorcio contencioso: los dos cónyuges no llegan a un acuerdo previo sobre el convenio regulador. Se trata de un proceso largo y costoso que requiere de un abogado y procurador.

El mediador ofrece asistencia y orientación a los miembros de la familia, y facilita la comunicación entre las partes implicadas para evitar perjudicar emocionalmente a los miembros más frágiles de la familia, los niños.

Las custodias de hijos menores de edad pueden ser monoparentales (exclusiva) o compartida.

• Custodia monoparental o exclusiva: se ejerce por uno solo de los progenitores y será quien se encargue del cuidado cotidiano de los hijos, correspondiéndole a la otra persona un régimen de visitas.
• Custodia compartida: se ejerce por ambos progenitores y los hijos conviven con ambos durante periodos de igual duración estableciendo estancias alternas de acuerdo con los periodos establecidos (semanales o quincenales).

El abono de la pensión de alimentos es una de las principales obligaciones tras el divorcio con hijos menores, incapacitados o económicamente dependientes y no puede dejar de pagarse de forma voluntaria.

Si en un momento determinado, el obligado a pagar la pensión alimenticia sufre una mala situación económica que hace insostenible el pago de la pensión acordada o impuesta, debe acudir a un procedimiento judicial de modificación de medidas para modificar la misma.

En dicho procedimiento deberá acreditar que han cambiado sustancialmente las circunstancias tenidas en cuenta en su día para fijar la pensión de alimentos anterior.

Para iniciar un proceso de modificación de medidas es necesario que hayan cambiado las circunstancias que se analizaron en el momento de establecer las medidas originales tras el divorcio.

• Cambios en la vida de los progenitores: variaciones en ingresos, nuevos hijos, enfermedades, cambios de vivienda, nuevas condiciones laborales…
• Cambios en la vida de los hijos: que se hagan más mayores o cambie su voluntad.

La separación se produce cuando los cónyuges deciden interrumpir temporalmente su matrimonio. En caso de separación no se puede contraer matrimonio por lo civil con otra persona.

El divorcio es la disolución del vínculo matrimonial. En este caso, si se puede contraer matrimonio por lo civil con otra persona.

La nulidad matrimonial se produce cuando se declara no válido el matrimonio. Existen diferentes tipos de nulidades y causas para la nulidad matrimonial.

Se deben tener presentes una serie de cuestiones que pueden ser claves a lo largo de todo el proceso de divorcio. Dada la delicadeza que suelen implicar los asuntos matrimoniales, y para procurar que el divorcio sea lo menos dañino posible para ambas partes, los jueces deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

– La voluntad de las partes.
– Situación laboral, familiar y económica de los progenitores.
– En el supuesto de existir hijos menores, las necesidades y el bienestar de estos y escuchar su voluntad dependiendo la edad de estos.

Es la disolución del vínculo conyugal cuando los dos cónyuges no llegan a un acuerdo previo sobre la solicitud de divorcio o los términos del convenio regulador.

• Puede ser iniciado por cualquiera de los cónyuges. No es necesario el consentimiento de la otra parte ni alegar las causas.
• Se trata de un proceso largo y costoso que se realiza ante un juez. Requiere de los servicios de un abogado y procurador.
• No puede solicitarse antes de los tres meses de haberse celebrado el matrimonio, excepto que exista riesgo para la vida o la integridad física, psíquica o económica de la parte que inicia la demanda de divorcio.
• Se pueden solicitar medidas provisionales para regular las cuestiones relacionadas con los hijos, la vivienda, los alimentos o el régimen de visitas, entre otras cuestiones.
• El proceso finaliza con una sentencia de divorcio en la que el juez establece las condiciones.

El divorcio contencioso está regulado por el artículo 770 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

El estado civil es la situación en la que se encuentra una persona en un determinado momento de su vida personal. Estos aspectos determinan el conjunto de derechos y de obligaciones que influyen en el desarrollo de la vida de relación personal, familiar e incluso con las Administraciones Públicas.

El estado civil de las personas se debe inscribir en un registro público para que esté accesible a terceras partes y se pueda verificar para actos jurídicos. Los datos que forman el estado civil de una persona son los siguientes:

• Nacimiento
• Nombre y apellidos
• Filiación
• Sexo
• Emancipación
• Edad
• Nacionalidad
• Tutela
• Matrimonio
• Defunción

Según el artículo 1964 del Código Civil, se establece que el plazo general de prescripción de las deudas contraídas es de 5 años. Sin embargo, existen diferentes periodos de prescripción en función de la naturaleza de la deuda.

Las deudas más frecuentes y sus plazos de prescripción son:

• • Deudas hipotecarias: 20 años.
  • Deudas con la Seguridad Social y Hacienda: 4 años.
  • Deudas por impago de alquiler, impagos de pensión de alimentos o pagos en períodos inferiores al año: 5 años.
  • Deudas por impago de suministros (telefonía, agua, etc.): 3 años.
  • Acción de recobrar la posesión o las reclamaciones por culpa extracontractual por el artículo 1902 del Código Civil: 1 año.

Antes de iniciar un procedimiento judicial por reclamaciones de cantidad es aconsejable llegar a un acuerdo por vía extrajudicial o amistosa con el deudor. Si finalmente no se consigue llegar a un acuerdo, será necesario acudir a la vía judicial.

En este caso, existen diferentes procedimientos judiciales y será el letrado quién opte por un procedimiento u otro dependiendo de la deuda contraída.

Una deuda puede ser reclamada a través de varias vías: juicio ordinario o verbal, proceso monitorio o proceso cambiario.

• Juicio verbal: si la cuantía es menor a 6.000€.
• Juicio ordinario: si la cuantía es superior a 6.000€.
• Procedimiento monitorio: si el demandado no contesta en el plazo establecido (20 días hábiles), directamente se dicta un auto por el cual se condena al mismo al pago de la deuda reclamada sin necesidad de vista oral.
• Proceso cambiario: demanda para la reclamación de cantidades relacionadas con cheques y pagarés impagados o devueltos.

El certificado de últimas voluntades es un documento que acredita si la persona fallecida ha otorgado testamento o no y ante qué notario se firmó. Cuando una persona fallece, lo primero que hay que hacer es solicitar el certificado de últimas voluntades. Con este certificado, puedes acudir a la notaría correspondiente y pedir una copia del testamento.

Se trata de un documento complementario al testamento.

A través del Juzgado de Primera Instancia de la localidad del deudor se entrega la demanda al deudor, que dispone de 20 días hábiles para realizar el pago o para contestar a la demanda.

• Si el deudor paga la deuda en el plazo establecido y contesta allanándose a la demanda, se dictaría sentencia condenando al demandado.

• Si el deudor paga la deuda en el plazo establecido, pero no avisa al Juzgado de ello, estaría en rebeldía y el procedimiento sigue su curso hasta la sentencia.

• Si el deudor no paga la deuda, sigue la vía judicial hasta dictarse la sentencia pertinente.

Aunque la media para resolver un proceso judicial por demanda instada en reclamación de cantidad es de aproximadamente 10 meses, se trata de una fecha orientativa ya que depende del Juzgado donde se insta la demanda correspondiente.

El plazo de prescripción es el plazo que delimita el período de tiempo en el que puede llevarse a cabo una determinada actuación, transcurrido el cual está ya no es posible.

Los plazos de prescripción tienen una duración de entre 1 y 30 años, dependiendo del supuesto en el que nos encontremos:

• Las acciones reales sobre bienes muebles prescriben a los seis años desde la perdida de la posesión.
• Las acciones reales sobre bienes inmuebles prescriben a los treinta años.
• Las acciones hipotecarias prescriben a los veinte años. Las acciones personales que no tengan plazo especial prescriben a los cinco años desde que pueda exigirse el cumplimiento de la obligación. En las obligaciones continuadas de hacer o no hacer, el plazo comenzará cada vez que se incumplan.
• Por el transcurso de cinco años prescribe las siguientes acciones:
  + Las de pagar la pensión de alimentos.
  + La de satisfacer el precio de arriendos, sean de fincas rústicas o urbanas.
  + La de cualquier otro pago que deba hacerse por años o en plazos más breves.
• Por el transcurso de tres años prescribe las siguientes acciones:
  + La de pagar a profesionales (abogados, registradores, peritos, etc.) que hubiesen realizado trabajos en el desempeño de su cargo.
  + La de satisfacer a los farmacéuticos las medicinas que suministran.
  + La de pagar a los menestrales, criados y jornaleros el importe de sus servicios.
  + La de abonar a los posaderos la comida y la habitación.
• Por el transcurso de un año prescribe las siguientes acciones:
  + La acción para recobrar o retener la posesión.
  + La acción para exigir responsabilidad civil por injuria o calumnia, y por las obligaciones derivadas de culpa o negligencia que se tratan en el artículo 1902.

Tras la reforma del Código Civil en el año 2015, las deudas por impagos, por préstamos entre partes realizados y no abonados, etc. modificaron su prescripción, pasando de los 15 años a los 5, desde que se produce el impago de esta en el supuesto de tener un plazo de cumplimiento y desde que se realiza el pago en el supuesto de no tener plazo establecido.

Cuanto antes se presente la demanda judicial, más viabilidad podrá tener el procedimiento y menos riesgo de que se produzca la prescripción de la reclamación. En el caso de que la deuda reclamada judicialmente haya obtenido una sentencia, y la parte deudora no pagase, se instará la demanda de ejecución de sentencia con el fin de proceder al embargo de los bienes del deudor, realizando la averiguación patrimonial del mismo, vía judicial.

Si has acudido a un juicio para cobrar una deuda, el abogado de la persona demandante puede intentar que se condene en costas a quien adeuda. Las costas representan los gastos procesales, como por ejemplo los honorarios del procurador y el abogado.

En el caso de reclamación de cantidad podrá exigirse siempre que se gane el juicio y la cuantía reclamada sea superior a 2.000 €.

Tras ganar el juicio también se podrá exigir al deudor el pago de los intereses de demora y procesales.

Si la persona deudora continua sin pagar, pese a haber sido condenada a ello, habrá que acudir a un proceso ejecutivo. En caso de persistir en su incumplimiento, se podrá ejecutar su patrimonio, embargándole bienes y subastándolos posteriormente para aplicar el precio al pago del crédito.

• Hijos o descendientes.
• Cónyuge viudo o miembro superviviente.
• Ascendientes.
• Colaterales hasta 4º grado de consanguinidad.

El testamento es un documento mediante el cual una persona expresa su voluntad respecto al destino de sus bienes y su patrimonio en el momento de su fallecimiento. El testamento facilita el reparto de los bienes entre los herederos y se realiza ante notario.

El certificado de últimas voluntades es un documento que acredita si la persona fallecida ha otorgado testamento o no y ante qué notario se firmó. Cuando una persona fallece, lo primero que hay que hacer es solicitar el certificado de últimas voluntades. Con este certificado, puedes acudir a la notaría correspondiente y pedir una copia del testamento.

Se trata de un documento complementario al testamento.

En el País Vasco se puede renunciar a los derechos sucesorios de una herencia o de parte de ella, aún antes del fallecimiento de una persona, mediante pacto sucesorio entre ambas partes.

Con la entrada en vigor de la nueva Ley, los residentes de cualquiera de los territorios del País Vasco pueden con entera libertad y sin necesidad de una justificación desheredar a un hijo/a, siempre que existan otros descendientes.

Sin embargo, no es posible desheredar a todos y cada uno de los descendientes.

El derecho de sucesiones o derecho sucesorio es una rama del derecho privado que se encarga de definir cómo y a quién se transmiten los derechos, obligaciones y bienes de una persona cuando esta fallece. Esto se conoce como sucesión mortis causa o “por causa de muerte”.

Las herencias y sucesiones se encuentran reguladas en el Código Civil. Sin embargo, existen diferencias entre la legislación estatal y aquellas comunidades autónomas que disponen de una legislación civil propia.

En el caso del País Vasco, las herencias y sucesiones se encuentran reguladas por la Ley 5/2015 de 25 de junio del Derecho Civil Vasco.

Entre las diferencias más importantes entre heredero y legatario se pueden mencionar las siguientes:

• Los herederos son sucesores a título universal y reciben la titularidad de todos los bienes y derechos de la persona fallecida. Los legatarios son sucesores a título particular y solo tienen derecho a algunos bienes específicos.
• Los herederos están obligados a responder por las deudas hereditarias, salvo que acepte la herencia a beneficio de inventario. Los legatarios no responden a las deudas de la persona fallecida.
• Los herederos para recibir los bienes hereditarios tienen que aceptar la herencia. Los legatarios la adquieren automáticamente desde el fallecimiento del causante. Sin embargo, en ambos casos pueden rechazarla.
• Los herederos no pueden renunciar a una parte de la herencia. Los legatarios no pueden renunciar a una parte del legado si ésta es onerosa.
• Los herederos, aunque no hayan sido mencionados en el testamento del causante, tienen derecho a reclamar la herencia. Los legatarios solo pueden ser designados por voluntad del testador y tiene que estar plasmado en el testamento.

En Euskadi existe la Ley 5/2015, de 25 de junio, de Derecho Civil Vasco, recoge una figura legal específica que permite la desheredación de alguno o de varios hijos, siempre que al menos a uno de los descendientes se le deje la parte mínima que le corresponda.

Es decir, el testador tiene la obligación de transmitir una legítima herencia a sus descendientes, teniendo la potestad de elegir de entre ellos a uno o a varios hijos o nietos entre los que repartir la legítima, y apartar al resto de manera expresa o tácita.

En el Derecho Civil vasco la legítima equivale únicamente al valor de un tercio del total del patrimonio del testador.

En el País Vasco, las herencias y sucesiones se encuentran reguladas bajo la Ley 5/2015 de 25 de junio del Derecho Civil Vasco. Según el artículo 45, el poder testatorio se extinguirá en los siguientes casos:

• Al expirar el plazo concedido para su ejercicio.
• Por muerte, imposibilidad o incapacidad sobrevenida del comisario.
• En el caso del cónyuge comisario, por la presentación de la demanda de separación, divorcio o nulidad del matrimonio, después de otorgado el poder testatorio, aunque no se haya dictado sentencia antes de la muerte del causante.
• Cuando el cónyuge-comisario contraiga nuevas nupcias, lleve vida matrimonial de hecho o tenga un hijo no matrimonial, salvo el caso de que el testador haya dispuesto expresamente lo contrario.
• Por renuncia del comisario cuando, requerido judicialmente para ello, no acepta la designación en el plazo de sesenta días.
• Por incurrir el comisario, para con el causante o sus descendientes, en alguna de las causas que dan lugar a la indignidad para suceder.
• Por las causas previstas en el propio poder.
• Por revocación.
• Por extinción de la pareja de hecho, salvo que lo sea por contraer matrimonio entre los mismos miembros de la pareja.

Debido a la cantidad de factores que pueden darse en un proceso de desahucio, es posible que su duración se alargue más de lo esperado. Un proceso de desahucio puede tardar de media unos 6 meses, pero en muchas ocasiones el proceso tarda más.

El inquilino tiene el derecho a enervar el desahucio si, en el plazo de 10 días desde que recibe la demanda del Juzgado, paga todas sus deudas. La enervación es una oportunidad excepcional que permite al inquilino poner fin al procedimiento judicial de desahucio, continuar con su contrato de arrendamiento y evitar el desahucio de la vivienda.

El arrendatario podrá usar el derecho a enervar el desahucio sólo una vez a lo largo de la duración del arrendamiento, es decir, si el inquilino ha enervado el desahucio anteriormente, no podrá aplicarlo una segunda vez.

La enervación de la acción de desahucio viene recogida en el artículo 22.4 de la Ley de Enjuiciamiento civil.

La responsabilidad extracontractual no tiene una relación directa con los desahucios en el sentido estricto de la normativa. Los desahucios se refieren a la recuperación de la posesión de un inmueble por parte del propietario, usualmente debido al impago del alquiler u otras causas estipuladas en el contrato de arrendamiento.

Sin embargo, en situaciones específicas, podrían surgir temas relacionados con responsabilidad extracontractual si, por ejemplo, durante el proceso de desahucio se ocasionan daños a los bienes del inquilino, hay negligencia por parte del propietario que cause perjuicios adicionales al inquilino o daños producidos al inmueble durante el proceso de desahucio, ya sea por parte de la persona propietaria, arrendataria o terceras partes involucradas.

En tales casos, podría plantearse una reclamación por responsabilidad extracontractual. Es clave distinguir que la responsabilidad extracontractual se centra en la reparación de daños causados por acciones negligentes o ilícitas, mientras que los desahucios se rigen por normas específicas de arrendamiento y posesión de bienes inmuebles.

El juicio de desahucio es un procedimiento judicial, especial y sumario, que sirve para que la persona propietaria pueda recuperar la posesión tanto de un inmueble arrendado como de un inmueble cedido en precario.

Los desahucios más habituales son:

• Los desahucios por falta de pago de las rentas pactadas en el contrato de arrendamiento.
• El desahucio por expiración legal o contractual, es decir, cuando el plazo del arrendamiento ha finalizado y el arrendatario no abandona la vivienda.
• El desahucio por precario, cuando la persona propietaria deja que un familiar o sus amistades vivan en su vivienda durante una temporada sin obligación de pago de ninguna renta y finalmente no desea marcharse de la vivienda.
• El desahucio por ocupas, cuando el inmueble está habitado por los citados ocupas y no desean abandonar la vivienda.
• El desahucio de las viviendas adquiridas por herencia.

Para instar un desahucio es necesario contar con los servicios de un abogado especializado en la materia, y se sugiere que, al primer imprevisto o problema, se ponga en contacto con el mismo, ya que los procedimientos de desahucio NO son tan ágiles como la persona propietaria desearía.

Debe iniciarse mediante la presentación de una demanda, firmada por un abogado y un procurador, ante los tribunales de justicia.

Se tramitan como desahucio express las demandas de desahucio contra inquilinos (por impago de rentas o por la finalización del contrato de arrendamiento) y frente a quienes ocupan de manera ilegal un domicilio.

El artículo 18 de la Constitución garantiza la inviolabilidad del domicilio. Por lo tanto, la persona propietaria no puede actuar por su cuenta ni intimidar a quienes ocupan la vivienda, cortando los suministros o mediante otras vías al margen de la legalidad. Si se recurre a esta vía, quien tiene la propiedad puede incurrir en responsabilidad penal.

Existen dos normas que regulan el Derecho Penal:

• El Código Penal: es el conjunto de normas jurídicas que recoge las penas que se deben aplicar cuando una persona comete un delito. Estas penas pueden variar en función del delito y puede ser desde el pago de una multa hasta pasar un tiempo en prisión.
• La Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC): es el conjunto de normas legales que regulan las actuaciones judiciales relativas a cualquier proceso penal.

Un abogado penalista es aquella persona que se ha especializado en Derecho Penal y desarrolla su labor ante los juzgados y tribunales de lo penal.

Asesora a sus clientes en los procedimientos penales tras la comisión de un delito, define las estrategias de defensa en caso de que una persona sea citada por la policía o el juzgado o se vea inmensa en un procedimiento penal.

El Derecho Penal tiene como objetivo mantener las buenas relaciones entre la sociedad, aplicando unos procedimientos y normas impuestas por la autoridad para proteger la paz social.

Se trata de proveer un castigo a las personas que han cometido un delito en algún momento de su vida para reconsiderar su conducta y prepararla para su posterior reingreso a la sociedad. El Derecho Penal persigue prohibir y sancionar las acciones que lesionen y pongan en peligro cualquier bien jurídico.

El Derecho Penal es la rama jurídica que regula todos los delitos, sus penas y los procedimientos legales que determinan la reparación de los daños causados que infringen el Código Penal.

Es un derecho público, es decir, es imperativo y no puede ser dispuesto por las partes.

El objetivo principal del derecho penal es evitar que se produzcan actos lesivos contra cualquier bien jurídico de otra persona. Las penas varían en función del delito cometido y pueden ser desde el pago de una multa hasta entrar en prisión.

Los antecedentes penales son los datos y registros de las sentencias firmes y de culpabilidad que posee una persona mayor de 18 años por cometer algún delito.

Estos datos quedan registrados de manera oficial en el Registro Central de Penados y se recoge en un documento oficial llamado “Certificado de Antecedentes Penales”.

Los antecedentes tienen una validez determinada (no son vitalicios). Si transcurre un periodo de tiempo, y se cumplen una serie de requisitos tras el cumplimiento de la pena, los antecedentes desaparecen, es decir, se cancelan y no aparecen en el certificado de antecedentes penales.

Los plazos para la cancelación de antecedentes penales dependen del tipo de pena impuesta y de la gravedad del delito y se establecen en el artículo 136 del Código Penal.

El Código Penal es un conjunto de normas jurídicas que recoge las penas que se deben aplicar a los distintos delitos que cometa una persona. En él se definen los actos tipificados como delitos y las penas que corresponden, que pueden ser desde multas hasta prisión.

El Código Penal español actual fue aprobado por la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Este código ha sufrido multitud de modificaciones a lo largo de los años, siendo la última de las grandes reformas en 2015.

Muchos conductores tienen dudas con respecto a cuál es la tasa de alcohol permitida por la Dirección General de Tráfico (DGT). La tasa de alcohol considerada como delito es:

• En aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro.
• En sangre superior a 1,2 gramos por litro.

Todas las personas que conducen un vehículo están obligadas a someterse a las pruebas de detección de alcoholemia siempre que sea requerido por un agente de la autoridad. De lo contrario, se incurre en un delito de negativa a someterse a las pruebas de alcoholemia.

En caso de existir algún impedimento físico para realizar dicha prueba o si una persona no está conforme con el resultado obtenido, es posible solicitar una prueba de análisis de sangre para demostrar si existe ingesta alcohólica en cantidad superior a 1,2 gramos por litro de sangre.

Si has sido víctima de un accidente de tráfico, tienes derecho a reclamar una indemnización por los daños personales y materiales que hayas sufrido.

El procedimiento para reclamarla es el siguiente:

• Recoger pruebas para demostrar que el accidente no ha sido culpa tuya.
• Acudir a un hospital para evaluar los daños y obtener un informe médico.
• Notificar el accidente a tu aseguradora en el plazo de 1 semana.
• Valoración de los daños sufridos y negociación entre las partes implicadas.
• El abogado calculará el precio de la compensación económica que te corresponda y lo reclamará a la aseguradora.

En caso de llegar a un acuerdo, se procederá al cobro de la indemnización por accidente en los días siguientes. En caso contrario, es necesario interponer una demanda civil con pruebas que verifiquen los hechos y será un juez quien decida quién tiene la razón.

En caso de accidente de tráfico con lesiones físicas o materiales tienes derecho a cobrar la indemnización correspondiente. Para gestionar este proceso y hacer las reclamaciones y valoraciones necesarias, es necesario contar con el asesoramiento de un abogado.

En ese caso, lo primordial es examinar la póliza de seguro del vehículo, con el fin de conocer la cobertura de la citada póliza y si tiene cubierta la defensa jurídica externa. Una vez examinada la póliza y corroborada la existencia de defensa jurídica externa, existen dos opciones:

• Recurrir a los servicios legales de la compañía del seguro: Será la compañía de seguros de su vehículo quien le facilité un letrado para la defensa de sus intereses. Si escoge un letrado externo a la compañía, cabe destacar que, la defensa jurídica suele establecer un límite económico para su cobertura (límite previsto en la póliza).

• Contratar los servicios de un abogado particular: si la persona asegurada decide optar por un abogado privado e independiente de la entidad aseguradora, esta deberá hacerse cargo del pago, hasta el límite establecido en la póliza.

Si en un control policial se detecta una tasa de alcohol superior a la permitida, puedes enfrentarte a una multa, a la inmovilización de tu vehículo o te pueden mantener retenido hasta que desciendan tus niveles de alcohol.

En los casos más graves, recibirás una citación para tu comparecencia en un juicio rápido por alcoholemia. La cita para comparecer en este tipo de juicio es de 5 días.

En estos casos, es recomendable recurrir a los servicios de un abogado especializado en delitos contra la seguridad vial para que defienda tus intereses con todas las garantías.

Una de las primeras dudas que surge a la víctima de un accidente es saber qué plazo tiene para reclamar su indemnización. Este plazo dependerá de la vía elegida para ello.

• Por la vía penal: el plazo para reclamar una indemnización por accidente de tráfico es de seis meses desde la fecha del siniestro.
• Por la vía civil: el plazo para reclamar una indemnización por accidente de tráfico para los daños materiales es de un año desde el accidente. En cambio, para los daños personales, es de un año desde que se produce la estabilización de las lesiones.

Es un documento esencial para determinar las responsabilidades y soluciones de las indemnizaciones por un accidente de tráfico. En él se aportan los datos de los conductores y vehículos involucrados, una descripción del accidente y los daños sufridos.

Con estos datos se elabora un atestado policial o un parte de accidente, que sirve en caso de tener que efectuar futuras reclamaciones. En caso de no realizar una declaración amistosa, es posible reclamar una indemnización por accidente de tráfico, si bien será más difícil probar los hechos.

El modelo de declaración es uniforme para todas las aseguradoras y países de la Unión Europea y debe ser provisto por la compañía al asegurado.

Aunque el hurto y el robo implican la sustracción de forma delictiva de un bien ajeno, jurídicamente son dos términos distintos. La diferencia principal entre ambos conceptos es la forma en la que se produce el apoderamiento.

• Delito de hurto: cuando el acto de apoderamiento se produce sin emplear la fuerza y no existe ningún tipo de violencia o intimidación.
• Delito de robo: cuando el apoderamiento se produce empleando la violencia, la fuerza o la intimidación en las personas.

La pena de los delitos por robo es superior a la pena de los delitos por hurto.

El robo es un delito que consiste en el apoderamiento de un bien ajeno de forma fraudulenta empleando la fuerza, la violencia o la intimidación a una persona. Este es considerado un delito patrimonial, debido a que afecta al patrimonio que es un bien jurídico.

Los delitos por robo están tipificados en los artículos 237 al 242 del Código Penal.

Los delitos de estafa están regulados en los artículos 248 a 251 bis del Código Penal.

Para la fijación de la pena se debe tener en cuenta la cuantía defraudada, los medios empleados para cometer el delito de estafa, el daño económico causado a la persona perjudicada y otras circunstancias que ayuden a valorar la gravedad de la estafa.

• Los reos de estafa tienen una pena de prisión de seis meses a tres años.
• Si la cuantía de lo defraudado no excede de 400 euros se impone la pena de multa de uno a tres meses.
• En el caso de delitos de estafa graves, las penas de prisión pueden ser de uno a seis años y multa de seis a doce meses.

Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizan el engaño para producir error en otra persona, induciéndola a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno.

También se consideran reos de estafa:

• Los que, con ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipulación informática o artificio semejante, consigan una transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial en perjuicio de otro.
• Los que fabrican, introducen, poseen o facilitan programas informáticos específicamente destinados a la comisión de las estafas previstas en este artículo.
• Los que, utilizando tarjetas de crédito o débito, o cheques de viaje, o los datos obrantes en cualquiera de ellos, realicen operaciones de cualquier clase en perjuicio de su titular o de un tercero.

Se considera robo el apoderamiento de un bien ajeno de forma fraudulenta, empleando la fuerza, la violencia o la intimidación a una persona. El robo se considera un delito patrimonial debido a que afecta al patrimonio, que es un bien jurídico.

Los delitos por robo están tipificados en los artículos 237 al 242 del Código Penal como “Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico”.

Las penas pueden variar en función de diferentes circunstancias como el valor del objeto robado, la situación en la que queda la víctima o el lugar donde ocurre el suceso.

Cometen hurto quienes, con ánimo de lucro y contra la voluntad de otra persona, sustraigan bienes ajenos siempre que no medie fuerza en las cosas ni violencia o intimidación en las personas. Se encuentra regulado en los artículos 234 a 236 del Código Penal, dentro de los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico.

El Código Penal establece tres tipos de hurto en función de su gravedad:

• Básico: se castiga con la pena de prisión de 6 a 18 meses si la cuantía excede de 400 euros.
• Leve: se impone una pena de multa de 1 a 3 meses si la cuantía es inferior a 400 euros. Si la persona culpable ha sido condenada al menos por tres delitos contra el patrimonio, aunque sean de carácter leve, y que el montante acumulado de las infracciones sea superior a 400 €, se impondrá la pena del apartado 1.
• Agravado: se castiga con una pena de prisión de 1 a 3 años, en el caso de que los bienes hurtados estén protegidos especialmente por el Código Penal.

El abogado es un profesional del derecho que se encarga de la defensa de una persona para preservar sus derechos e intereses frente a otras personas o entidades. Interviene en los juicios y se encarga de asesorar a sus clientes.

El procurador es el profesional licenciado en derecho y especializado en el procedimiento procesal. Se encarga de toda la documentación, recibe las comunicaciones y notificaciones del Juzgado y ayuda a agilizar los procesos judiciales.

Un juicio verbal es aquel que se celebra cuando la cuantía de lo que se litiga o reclama es inferior a 6.000 euros. Se encuentra regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Se trata de un proceso más ágil que se divide en las siguientes fases:

• Demanda
• Emplazamiento al demandado para la contestación
• Citación a la vista
• Vista
• Sentencia

En la mayoría de los procedimientos judiciales es necesario contar con la asistencia de un abogado y un procurador.

Sin embargo, existen determinados casos en los que solo es necesario contar con los servicios de un abogado. Esto dependerá de las distintas ramas o jurisdicciones del derecho: civil, penal, laboral y administrativa.

El procurador es un profesional del derecho especializado en los procedimientos procesales que se encarga de las siguientes funciones:

• Representación procesal de los clientes ante los Juzgados y Tribunales.
• Realización de las gestiones necesarias para el buen desarrollo del proceso judicial.
• Gestión y pago de las tasas judiciales en representación de los clientes.
• Recepción y remisión de notificaciones de citaciones, resoluciones, emplazamientos y requerimientos.
• Presentación y elaboración de escritos ante el juez.
• Publicación de edictos y anuncios oficiales en los Boletines Oficiales.

Su misión es representar al cliente ante el juzgado, no defender su causa. Es una persona intermediaria entre la administración de justicia y el demandante o acusado.

En este caso, es necesario diferenciar entre el Juicio Ordinario en el procedimiento Civil y en el procedimiento Penal.

• El juicio ordinario en el proceso civil: es el proceso reservado a determinados asuntos en función de su cuantía o materia. Está regulado por la Ley de Enjuiciamiento Civil, al determinar dos cauces procesales: el juicio ordinario y el juicio verbal.

• El juicio ordinario en el proceso penal: está previsto para los delitos más graves, es decir, los sancionados con penas de prisión superiores a 9 años. Conocido también como procedimiento común o sumario, está a cargo de un Juez de Instrucción, mientras que el enjuiciamiento corresponde a la Audiencia, ya sea provincial o nacional.

En razón de la materia, se realizará siempre un juicio ordinario en los siguientes casos:

• Derechos honoríficos: demandas relativas al honor de las personas, incluyendo el derecho a la intimidad y la propia imagen.
• Impugnación de acuerdos societarios, si se vulnera el derecho de asociación. Si bien en algunos casos habría que acudir al juicio ordinario según la cuantía.
• Competencia desleal, defensa de la competencia, propiedad industrial o intelectual, publicidad. Este tipo de demandas se dirimen siempre en juicio ordinario, excepto que se trate de reclamos exclusivamente en función de la cuantía o en defensa de intereses colectivos y difusos de usuarios y consumidores.
• Condiciones generales de contratación, excepto como en el caso anterior, en los procedimientos en ejercicio de la defensa de intereses colectivos y difusos.
• Demandas sobre temas relativos al arrendamiento urbano y rústico, excepto que se trate de reclamos por cuantía, desahucio por falta de pago o extinción de la relación de arrendamiento.
• Retracto.
• Propiedad horizontal: cuando alguna de las personas propietarias infrinja el estatuto.
• Reglamento hipotecario: cuestiones entre la persona deudora y acreedora sobre la constitución de la hipoteca.

Se dirimen en juicio ordinario las cuestiones en las que la cuantía del proceso exceda los seis mil euros o el interés económico sea imposible de calcular. La determinación de la cuantía es un aspecto crucial para saber si la cuestión se dirimirá en un juicio ordinario o verbal. Las reglas para la determinación de la cuantía son las siguientes:

• Reclamaciones de dinero: por la cantidad reclamada.
• Cuestiones relacionadas con bienes muebles o inmuebles: por sus precios de mercado.
• Usufructo o nuda propiedad: por la base imponible tributaria establecida por el impuesto a la constitución o transmisión de estos bienes.
• Servidumbre: precio satisfecho por su constitución si se hubiera realizado no antes de cinco años a la fecha de la demanda. Si fue anterior, por las reglas legales para establecer el precio de su constitución al tiempo del litigio. En su defecto, se considera como cuantía la vigésima parte del valor de los predios dominante y sirviente.
• Derechos reales de garantía: por el importe de las sumas garantizadas.
• Prestaciones periódicas: diez veces la anualidad. Si la prestación es inferior a un año, por el importe total.
• Obligaciones: por el total a pagar.
• Arrendamientos: una anualidad de la renta.
• Valores bursátiles: se considera la media del tipo de cambio, aunque se deben tener en cuenta muchos factores. Si no son valores negociables, se calcularán de acuerdo a la valoración contable al momento de la demanda.
• Prestaciones de hacer: coste de lo que se debía realizar o el importe de daños y perjuicios derivados del incumplimiento.
• Pluralidad de objetos o partes: se rigen por reglas especiales. Por ejemplo, en el caso de acciones, se toma la de mayor valor, aunque nunca podrá ser superior al valor de la cosa en litigio.

La diferencia principal entre el derecho civil y el derecho penal es el tipo de casos que abordan cada uno y sus objetivos.

El objetivo del derecho civil es resolver conflictos y compensar a las partes perjudicadas. Suelen ser individuos, empresas o entidades privadas que buscan proteger sus derechos o intereses en una disputa (contratos, propiedad, herencias, divorcios, responsabilidad civil y casos de familia). Las sanciones son generalmente de naturaleza monetaria, como indemnizaciones, multas civiles o daños y perjuicios.

El derecho penal, en cambio, trata los delitos y las sanciones impuestas por el Estado a personas que han infringido la ley penal. Tiene como finalidad mantener el orden público y proteger la seguridad patrimonial de las personas. Estos delitos pueden incluir asesinato, robo, agresión, fraude y otros actos criminales. Las sanciones pueden incluir penas de prisión, multas, libertad condicional, servicios comunitarios y otras medidas punitivas.

La responsabilidad civil implica la obligación legal de una persona de compensar económicamente a otra por los daños o perjuicios causados debido a una acción negligente, un incumplimiento de deber legal o un acto ilícito. Puede surgir por situaciones como accidentes de tráfico, lesiones personales, negligencia médica, daños a la propiedad, disputas contractuales o difamación, entre otras cuestiones.

En los casos de responsabilidad civil, los daños compensatorios son la forma principal de compensación.