Para saber cómo condicionan a una persona con antecedentes penales su día a día, primero es necesario conocer qué es y para qué sirve el Código Penal.
El Código Penal es un conjunto de normas jurídicas que recoge las penas que se deben aplicar a los distintos delitos que cometa una persona. En él se definen los actos tipificados como delitos y las penas que corresponden, que pueden ser desde multas hasta prisión.
El Código Penal español actual fue aprobado por la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Este código ha sufrido multitud de modificaciones a lo largo de los años, siendo la última de las grandes reformas en 2015.
En qué consisten los antecedentes penales y dónde quedan registrados.
Los antecedentes penales son los datos y registros de las sentencias firmes y de culpabilidad que posee una persona mayor de 18 años por cometer algún delito.
Estos datos quedan registrados de manera oficial en el Registro Central de Penados y se recoge en un documento oficial llamado “Certificado de Antecedentes Penales”.
Los antecedentes penales afectan a diversos aspectos de la vida diaria de las personas. Por ejemplo, pueden limitar el acceso a ciertos empleos. Especialmente en el sector público o en trabajos que requieran contacto con menores, como en el ámbito educativo o sanitario. Además, dificultan la obtención de licencias administrativas o permisos específicos, como una licencia de armas o la conducción de transporte público.
En el ámbito personal, los antecedentes también pueden influir en procesos de adopción o solicitud de residencia en países extranjeros, ya que muchas legislaciones exigen un historial limpio para obtenerlos.
Los antecedentes tienen una validez determinada (no son vitalicios). Si transcurre un periodo de tiempo, y se cumplen una serie de requisitos tras el cumplimiento de la pena, los antecedentes desaparecen, es decir, se cancelan y no aparecen en el certificado de antecedentes penales.
Los plazos para la cancelación de antecedentes penales dependen del tipo de pena impuesta y de la gravedad del delito y se establecen en el artículo 136 del Código Penal. Los plazos varían según la pena: seis meses para multas o condenas leves, dos años para penas que no excedan los 12 meses, y hasta cinco años para condenas graves. Además, la cancelación de los antecedentes penales no es automática. Requiere que la persona interesada solicite formalmente este trámite al Ministerio de Justicia, acreditando el cumplimiento de los plazos establecidos por la ley y la ausencia de nuevos delitos cometidos en ese período.
Más allá de los efectos legales, el estigma social asociado a los antecedentes penales puede ser una barrera para la reintegración. Las dificultades para acceder al empleo y los prejuicios sociales afectan de forma directa a las oportunidades de rehacer una vida estable y contribuir de forma activa a la sociedad. Si tienes dudas de cómo realizar el trámite para realizar el proceso de cancelación de antecedentes penales contacta con Bernedo Abogado.